La abstención silenciosa

Comenzaré en esta ocasión haciéndole una confesión a la multitud de personas que a diario visitan este blog: en las elecciones del pasado 27 de mayo, no voté. No voté, y eso que, en un principio, me había tocado estar en una mesa electoral. Aquello, de haberse producido finalmente, quizás le habría concedido a la providencia la oportunidad de ponerme en la tesitura de tener que plantearme si, estando en una mesa electoral, no sería moralmente reprobable el no hacer uso de mi derecho al voto. Sin embargo, cosas de esta España nuestra, la citación para acudir a la mesa provenía de un municipio en el que no estoy empadronado (ni censado) desde el año 2002. La verdad es que no me desempadroné, pero estando en la era de la tecnología a uno se le ocurre que debería bastar con empadronarse en un nuevo sitio y utilizar ese justificante del padrón para renovarse el DNI, como para que sean suficientes los elementos coincidentes que permitan que automáticamente acabes desempadronado. Evidentemente no es así,. Porque, recordémoslo por si a alguien se le ha olvidado, esto es España, y aquí todo puede pasar. Puede incluso darse la circunstancia de que te citen en un sitio para ser vocal de una mesa electoral, y que en otro te manden una cartita diciéndote en qué mesa del colegio que tienes a 300 metros de tu casa puedes votar. Como es lógico, desestimé ambas invitaciones, y por un lado escribí una carta alegando que llevaba cinco años empadronado en un sitio diferente del primero, y por el otro me quedé en casa viendo la fórmula uno, ocurrencia carente de originalidad a tenor de que a todos los catalanes se les ocurrió lo mismo.

Sea como fuere, lo realmente importante es que no voté. No voté, y eso, a ojos de muchos, supone un insulto a la democracia, máxime cuando me enorgullezco de ello. Porque aunque Franco se mantuvo en el poder 39 años, aquí todo el mundo «luchó mucho para que en este país tengamos democracia». Aunque en realidad, aquí el que más hizo por la democracia española fue el propio Franco, que acabó muriéndose.

En el fondo, no obstante, tampoco puedo culpar a mis mayores por criticar mi negativa actitud ante el ejercicio del voto. Es verdad que es un derecho del que ellos estuvieron privados durante largo tiempo, y al que yo, y muchos de los jóvenes de mi generación no le damos el valor que en justicia se merece. Pero el argumento del «hazlo porque yo no pude hacerlo» no termina de convencerme. No me convence, como no me convence el famoso «luego no te quejes», tan injusto como fariseo, porque se limita a analizar la abstención como un acto de pasotismo, y no como una opción más del ejercicio político.

Efectivamente, uno puede abstenerse en unas elecciones porque sencillamente no le interesa lo que pueda acontecer. Pero también puede abstenerse porque decide, en su forma de acción, que rechaza las opciones que se presentan. Y he aquí que el voto en blanco no sirve, pues en el fondo no hace más que unirse con el de la mayoría para convertirse en una especie de «me mola tanto la democracia que acepto lo que decidáis la mitad más uno». Para eso, la verdad, yo prefiero quedarme en casa.

No salí ni a pasear, ni a que me diera el aire de un primaveral domingo de mayo, ni a comprar el Marca, ni a tomarme unas cañas... Pasé un tranquilo día metidito en casa y esperando, como es lógico, que a las ocho en punto nos dieran los primeros resultados electorales, porque insisto, la abstención es en muchos casos una forma de acción, y no un simple acto de omisión. Y fue entonces, cuando las cadenas televisivas informaron de los primeros sondeos realizados a pie de urna, cuando mayor se hizo mi convencimiento, y más se acrecentó mi aura abstencionista. Fue entonces cuando pensé «de la que me he librao», al ver a esos periodistas salidos de la más inmunda cutrez analizar los hechos como si de un partido de fútbol se hubiera tratado: «sí bueno, el partido tal ha merecido ganar, ¿no?, pero es que los rivales han endurecido el juego y eso ha hecho imposible el camino hacia la victoria». Si la oligofrenia fuese delito, a los jueces les bastaría con pasearse por las televisiones para ponerse las botas.

A estas alturas de la película, a más de uno se le habrá ocurrido ya como urgente medida salvadora de la democracia el prohibir las carreras de fórmula uno en domingo. Si las pusieran un lunes por la mañana, pensarán, la gente acudiría en masa a votar. Eso sí, no iría a currar ni el Tato, pero de eso que se preocupen los empresarios.

Si a los políticos les importa poco o nada el promover el voto, difícilmente se le puede exigir responsabilidad al ciudadano. De hecho, por acción o por omisión, un alto porcentaje de españoles decidieron, al igual que yo, no acudir a su cita con las urnas. Y, por tanto, e independientemente de las motivaciones de cada cual, decidieron darle su voto a la abstención.

Los abstencionistas, con todo, y pese a ejercer nuestro legítimo derecho a no votar, somos sistemáticamente ninguneados, vilipendiados y vapuleados, para mayor escarnio de una democracia, la española, conformista y acomodada como pocas. Cada vez menos, es verdad, y cada vez más la prensa entra a analizar los altos índices de abstención que se vienen registrando en las últimas elecciones, pero aún así se mantiene el falso mito del abstencionista como parásito social incapaz de comprometerse con el sistema democrático. Falso y peligroso, pues es el paso previo para que la democracia termine adormecida al no canalizar la crítica en pos de un amejoramiento del sistema.

Y a todo esto, ¿qué hay de lo de ETA?

Después de casi medio siglo de presencia etarra en la vida social y política de este país, los españoles seguimos sin ponernos de acuerdo sobre cómo acabar con la lacra del terrorismo. El problema, grave a todas luces, sería menor si, aún sin estar de acuerdo en los medios empleados, no perdiésemos de vista el objetivo final y común, que no es otro que el de alcanzar la paz por la vía de la democracia. La mediocridad política, sin embargo, adueñada del 95% de los escaños del Congreso de los Diputados, nos ha llevado a una situación de impasse que lejos de acercarnos a una solución, ha llevado el debate a unos niveles de crispación (bendito palabro) que hacen inconcebible la normalización a corto o medio plazo.

Desde su fundación, en el año 1959, ETA siempre ha tenido muy claro su ideario, así como el camino a seguir para llevar a cabo y desarrollar su proyecto de «construcción nacional». En sus 50 años de historia, y después de casi un millar de muertos, ETA mantiene el discurso primigenio que la vio nacer y crecer en las calles del País Vasco, y sus activistas, adoctrinados por el revisionismo histórico con que el PNV ha ido inoculando los corazones de la ciudadanía vasca, han decidido que a ellos no los mueve ni Dios. Y eso que si alguien tiene influencia en lo que piensan, dicen y hacen los vascos, además del Lehendakari, ese no es otro que el mismísimo Dios.

Lo cierto es que, con Dios o sin él, los españoles, esto es, los maketos, los demócratas, esto es, los faxistoak, seguimos discutiendo sobre el color que tiene la mierda. Para algunos es marrón, otros la ven negra, otros opinan que es caqui, los de allí consideran que es ocre, y los de aquí que es más bien rojiza. Mientras discutimos si el mojón es fruto de una mayonesa en mal estado, de una indigestión de curry o de una loca noche de cubatas, la mierda nos sigue inundando las fosas nasales de puro y genuino olor a caca, nos licua el cerebro y alguno empieza a preguntarse no ya qué color tiene (que en eso no se va a llegar a un acuerdo), no ya a qué huele (que huela a lo que huela, apesta), sino a qué sabe. Y cuando la prueben y se den cuenta de que sabe a lo que tiene que saber (a mierda, claro), entonces empezarán a darse cuenta del valioso tiempo que han perdido en estúpidos planteamientos cuando lo más evidente de todo es que era una boñiga del calibre 52. Lo propio hubiera sido limpiarse el culo lo más dignamente posible, y tirar de la cisterna.

Siendo así, y conocedores del pensamiento etarra, las preguntas se antojan obligatorias: ¿sobre qué estamos discutiendo? ¿sobre si el PSOE tiene más ganas de acabar con ETA que el PP? ¿sobre si es el PP el que tiene más ganas que el PSOE de acabar con ETA? ¿sobre si «mi rechazo al terrorismo es más firme que el suyo»? ¿sobre el abuelo fusilado en la Guerra Civil? ¿sobre el bombardeo de Gernika? Al parecer, lo que se está discutiendo es quién la tiene más gorda. Y el que mucho se mira el pito en el espejo tiene tendencia a descuidar otros aspectos más importantes, tanto de su físico como de su intelecto.

Por suerte, todavía queda gente con sentido común. Y es que ya hace tiempo que el Sr. Redondo Terreros, que si de algo sabe es precisamente del problema del terrorismo en el País Vasco y, por extensión, en España, afirmó rotundamente que «el problema lo tenemos nosotros, y no ellos». Sabias palabras Don Nicolás.

El problema, efectivamente, no sólo está en la misma existencia de ETA, sino en la manifiesta incapacidad de los políticos para transmitir que el objetivo común debe ser la derrota de ETA. De este modo, los medios, dentro del marco constitucional, pueden ser discutibles, pero nunca han de constituir un elemento que distorsione la mirada que los demócratas tenemos puesta en el mal llamado «conflicto vasco». Lo triste, lo lamentable, lo patético, lo que hace que uno se plantee muy seriamente acogerse a la nacionalidad kazaja o norcoreana, es ver lo mal que están obrando Gobierno y oposición en todo este debate. No es tanto que hayan perdido el norte como que en realidad nunca han sabido cuáles son los puntos cardinales. Porque ni les importa, ni les interesa, ni creen que la derrota de ETA merezca tanto la pena como la derrota del adversario político.

La parida de la paridad

El pasado verano, durante una estancia en Zaragoza, descubrí que lo que yo siempre había conocido como APA (Asociación de Padres de Alumnos) había pasado a ser denominado en no pocos casos como AMPA (Asociación de Madres y Padres de Alumnos). La idea entonces me resultó curiosa y progresista, pero no pude por menos que preguntarme qué pasaba con las alumnas. ¿Acaso ellas no tenían padres, ni madres, ni asociación que las representara? Lo lógico, pensé, era que ya puestos a ser paritarios, la cosa hubiera quedado mucho más digna llamándose AMPAA, es decir, Asociación de Madres y Padres de Alumnas y Alumnos. De hecho, esto ya sucede en algunos lugares.

La pseudoparidad, impuesta por los más rancios sectores del feminismo, incapaces de asumir la realidad gramatical de un idioma, el castellano, que utiliza el masculino como valor neutro, es la que propicia situaciones tan hilarantes como la anteriormente expuesta.

En política, la tendencia a la paridad también se impone, aunque para ello haya que acribillar normas gramaticales de 3º de EGB o renunciar al correcto uso del idioma. De este modo, cada vez que el Lehendakari acude a una rueda de prensa a hablar de «los vascos y vascas», a uno le entran ganas de hacerse el harakiri con chinchetas oxidadas. Porque digo yo que si hablamos de «los vascos», lo oportuno sería hablar de «las vascas», y por ende de «los vascos y las vascas». Del mismo modo, esta utilización tendenciosa y, por qué no decirlo, incorrecta del lenguaje, nos lleva a tener un gobierno paritario en el que la presencia de hombres y mujeres es equitativa, pero en el que los consejos siguen siendo de Ministros, y no de Ministros y Ministras.

Erróneamente la clase política (o al menos un sector de la misma) ha pensado que la paridad social tiene su base en la paridad gramatical. Siendo así, el ridículo está garantizado. Y es que donde antes se decía «los españoles acudimos a las urnas para elegir a nuestros representantes» ahora, y a fin de evitar una denuncia por discriminación, hay que decir que «los españoles y las españolas acudimos a las urnas a elegir a nuestros y a nuestras representantes». Lamentablemente, la paridad parece estar ganándole terreno a la gramática. Sirva como muestra esta frase sacada de la página web de la asociación de mujeres juristas Themis: «El Congreso de los Diputados se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados y Diputadas, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establece la Ley. Son electores y elegibles los españoles y las españolas que estén en pleno uso de sus derechos políticos». Como vemos, el nivel de estulticia es tal que a estas alturas no debería sorprendernos que nuestros (y nuestras) jóvenes conozcan mejor cómo se hace un calimotxo que la fórmula del triángulo.

El problema que encuentran los políticos y las políticas es que esa tendencia paritaria del idioma es harto antinatural en el castellano, pues lo lógico sería decir que «el Congreso de los Diputados [y de las Diputadas] se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados y Diputadas, elegidos [y elegidas] por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establece la Ley. Son electores, [electoras] y elegibles los españoles y las españolas que estén en pleno uso de sus derechos políticos».

¿Fácil? ¿Cómodo? ¿Práctico? Ni lo uno, ni lo otro, ni lo otro. Y lo que es más importante: ¿necesario? Tampoco. Pero por lo visto, queda bien.

Irak: más de lo mismo

Leo en Libertad Digital un artículo firmado por el estadounidense Thomas Sowell, doctor en Economía y escritor, que desde hace ya más de dos décadas ejerce la docencia en la prestigiosa universidad californiana de Stanford. Indefectiblemente, el brillante currículum del doctor Sowell debería representar más de un motivo para que yo acallara mis lenguaraces dedos y me guardara de criticar sus opiniones, aunque en mi ejercicio de la libertad, me voy a permitir el lujo de criticar esas opiniones que con tan desafortunado juicio, en mi opinión, vierte Sowell.

El título del artículo en cuestión, «Los errores en Irak», ha logrado que me lance a su lectura, pues sorprendido me hallaba al ver cómo un medio de comunicación que hasta ese momento había defendido con denuedo la actuación de la administración de Bush en el conflicto iraquí, podía desollar con descaro y ante la audiencia internetiana al que era su caballo de batalla. Sin embargo, en la mejor línea de Libertad Digital, la crítica ha acabado convirtiéndose en una contracrítica a los detractores de la guerra de Irak.

Sowell, capaz de reconocer someramente los errores políticos y tácticos que en los últimos años han venido sucediéndose en Oriente Medio, basa su argumentación en un estricto análisis de las actuaciones de los que se posicionaron y se posicionan en contra de la acción bélica en Irak, mientras contraataca con razonamientos tan cogidos por los pelos que, después de media docena de renglones, empiezan a caer al mismo ritmo al que en los últimos años ha subido el precio del petróleo. Y el petróleo es, precisamente, lo que más parece importarle al doctor Sowell, que al menos nos concede el dudoso honor de confirmar a lo que se referían algunos cuando hablaban de «objetivos estratégicos».

Lean atentamente: «Los críticos han quedado repetidamente en evidencia al decir que no se podrían celebrar elecciones en Irak ni se podría constituir un Gobierno. La participación electoral iraquí, incluso frente a las amenazas terroristas, ha superado con creces la participación electoral en Estados Unidos». Resulta extraordinaria la capacidad que tiene Sowell para legitimar la constitución del Gobierno iraquí frente a la amenaza terrorista, pues si antagónicos son la democracia y el terrorismo, no lo son menos la libertad y la coacción. Ni hay libertad con terrorismo ni puede haber democracia con coacción. Aunque ese sea el camino que Sowell pretende seguir, dándole tintes de verosimilitud a un Gobierno surgido de un conflicto bélico y que además fue fruto de unas elecciones en las que el votante difícilmente podía ejercer con libertad su derecho a expresarse. Tan larga fue la soga que acabó con la vida de Sadam Hussein como lo es la que pende de la cabeza de los iraquíes desde que el terrorismo se hiciera con la patente del miedo en las calles de Bagdad, Tikrit, Kerbala, Mosul, Kirkuk...

En el año 2004, un estudio del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos de Londres, considerado una de las más fiables fuentes en lo que a estrategia y capacidades bélicas se refiere, desvelaba que la capacidad de reclutamiento de Al-Qaeda se había acelerado a raíz del inicio de la guerra de Irak, y que el número de terroristas de la organización se había multiplicado hasta alcanzar los 18.000, de los cuales 1.000 estarían de forma permanente sembrando el terror en Irak. Por otra parte, este mismo estudio confirmaba que la llegada de las tropas británicas y estadounidenses, así como su permanencia indefinida sobre suelo iraquí, no sólo se convertía en el pretexto perfecto para que el fundamentalismo musulmán mantenga su particular guerra contra la humanidad, sino que además concluía que le guerra contra el terrorismo se ha visto debilitada.

No obstante, Sowell no parece concederle demasiada importancia a estos datos, e insiste: «La diferencia más fundamental entre el presidente Bush y sus críticos no es quién se ha equivocado, porque todos lo han hecho. La mayor diferencia ha sido que el presidente lo ha hecho desde una visión a largo plazo de la guerra mundial contra el terror, mientras que sus críticos se han limitado a buscar una chapuza rápida para salir del paso». Es decir que, en el fondo, el error de Bush es un error a largo plazo, lo cual debería ser motivo de tranquilidad para los republicanos, que en caso de que un día de estos la guerra de Irak les acabe costando el poder, habrán dejado a los demócratas enmierdados hasta el cuello. Y a los iraquíes, y a los ciudadanos estadounidenses, y a la práctica totalidad del planeta.

Insistir en que las actividades militares en Irak constituyen parte o la totalidad de la estrategia de la «guerra contra el terror» es como defender el maltrato a la mujer como símbolo del amor, porque si hay un lugar del mundo en el que el terror hace su aparición a diario ése es Irak. Y he aquí que algunos dirán que precisamente porque es en Irak donde está instalada la mayor amenaza terrorista, es allí donde deben estar las tropas. Pero siendo así, y no con ello queriendo justificar ninguna de las matanzas cometidas por los terroristas, no estaría de más recordar que la amenaza terrorista es la causa, y no la consecuencia de la invasión de Irak, y que es la presencia de tropas extranjeras la que ha propiciado el desarrollo de una extensa plaga de grupos y grupúsculos que han hecho de la imposición del terror, en nombre de no se sabe demasiado bien qué, su modo de vida, e incluso de muerte. Es cierto que la amenaza anterior, Sadam Hussein, ha sido eliminada, pero es innegable que ha sido reemplazada por una nueva, que la latiente amenaza del terrorismo islámico ha cogido nuevos bríos y que hoy el mundo es más inseguro que hace 10 ó 15 años. Sirva como ejemplo el aumento en la seguridad aeroportuaria por la constante amenaza sobre la seguridad en los aviones.

Al igual que Sowell, no soy partidario de la retirada de las tropas de Irak, pero mis motivos son distintos que los suyos. Según Sowell, «si Estados Unidos desaparece de la noche [a] la mañana, y dado que los terroristas han demostrado ya su tenacidad y afición al poder, podemos esperar un catastrófico realineamiento de fuerzas en una región cuyo petróleo es la sangre de las economías de todo el mundo». De este modo, Sowell recoge la máxima expresión del liberalismo económico que con tenacidad, brío, nobleza y casticismo se defiende desde esa tribuna del periodismo patrio que es Libertad Digital: petróleo por vidas humanas. Porque no se puede entender de otra forma que la máxima preocupación de los defensores del liberalismo sea el subsuelo iraquí en el que se halla la sangre de Occidente (porque cuando el Sr. Sowell habla de las economías de todo el mundo no creo que esté pensando en la de Ruanda), y no el suelo en sí mismo, en el que se derrama la sangre iraquí.

Tanto Sowell como las personas que se alinean ideológicamente con las teorías que expone en su artículo justificarán su falta de humanidad lanzando una ingeniosa pregunta: «¿Estás dispuesto a renunciar a tu modo de vida?» Y ante semejante derroche de brillantez, y ante el peligro de quedar en evidencia ante mí mismo, no me quedará más remedio que contestar: «Y tú, ¿estás dispuesto a matar para conservarlo?»

Nuestro patético sistema electoral (II)

En el capítulo anterior vimos grosso modo cuáles eran las especificidades del sistema electoral español. Aunque quizás no sea necesario, me permito recordar que éste prima la representatividad de las regiones por encima de la representatividad ciudadana, lo que da lugar a situaciones tan inimaginables como la que veremos a continuación.

Castilla y León cuenta con algo más de 2,5 millones de habitantes repartidos de manera desigual por las nueve provincias de la Comunidad Autónoma. El extenso territorio con el que cuenta Castilla y León, así como su división administrativa, propicia que los castellano-leoneses dispongan elección tras elección de 18 escaños representándolos en Cortes, esto es, 2 por cada provincia, tal y como vimos en nuestro primer capítulo.

En la actualidad, el Congreso de los Diputados acoge a 33 parlamentarios pertenecientes a las circunscripciones castellano-leonesas, pues a los 18 iniciales se le deben sumar otros 15, resultantes de la división entre población (alrededor de 2,5 millones) y cuota de reparto. En términos más simples, y centrando definitivamente la exposición, los 33 parlamentarios de Castilla y León ocupan el 9,43% de los escaños del Congreso, mientras que los ciudadanos a los que representan no llegan al 6% de la población española.

Por su parte, Madrid, ese monstruo que desde las entrañas mismas de la Meseta se dedica a robar el dinero de los españoles y, esencialmente, de los catalanes, cuenta en Cortes con 35 diputados encargados de representar a algo más de 6 millones de habitantes. En términos porcentuales, esto significa que los madrileños, el 13,44% de la población española, tienen menos voz y menos voto que los ciudadanos de otras regiones con menos población.

A continuación podrán ustedes observar una tabla en la que se relacionan población de la comunidad, porcentaje de población de la comunidad con respecto al total de España, el número de escaños que representan a la comunidad en el Congreso, y el porcentaje de escaños que representan a la comunidad en el Congreso.

Nuestro patético sistema electoral

El sistema democrático español está caracterizado por su falta de representatividad. O al menos de representatividad ciudadana. Nuestra Ley Electoral, sustentada en eso que alguien dio en llamar España de las Autonomías, se estructura en torno a la representación territorial de los ciudadanos, es decir, con un sistema de voto por circunscripciones que, mediante la aplicación de la Ley D’Hont, permite asignarle a cada provincia el número de diputados, sobre el total de 350, que la representarán en Cortes. Tanto en la teoría como en la práctica, este sistema provincial de reparto de escaños es extraordinariamente generoso con las regiones, pues permite que todas y cada una de las provincias del Estado estén representadas en el Parlamento. Pero, ¿están igual de bien representados los ciudadanos? Veámoslo.

La Ley establece que a cada provincia le corresponden un mínimo de dos diputados, excepción hecha de Ceuta y Melilla, a quien inicialmente sólo se les atribuye uno. De este modo, de los 350 diputados que nos representan en Cortes, 102 vienen asignados de partida y aparecen en representación de las 50 provincias españolas y de las dos ciudades autónomas. A partir de ahí, nuestro sistema electoral reparte, por fin, los escaños restantes entre el total de la población de derecho (empadronada) española, dividiendo sencillamente el número de habitantes (44.708.964) por el número de escaños restantes (248).

Una vez calculada la cuota de reparto, esto es, cuántos ciudadanos representará cada escaño, se pasa a calcular cuántos escaños representarán a cada provincia, para lo cual hemos de recurrir a la población de derecho (Sevilla: 1.835.077) y dividirla por la cuota de reparto (180.278,08).

Así, habremos calculado el número de escaños que le corresponderían a Sevilla (12) en caso de celebrarse elecciones hoy mismo. ¿Y los decimales, sirven para algo? Efectivamente, pues aquellas provincias con los decimales más altos obtendrían los escaños sobrantes hasta finalizar el reparto. Es decir que, en el fondo, los decimales se redondean al alza en las provincias con los decimales mayores hasta completar un número entero.

¿Por qué nuestro sistema electoral no es del todo representativo?

Hasta ahora hemos analizado el reparto de escaños, que se hace a dos niveles: provincial y poblacional. Como hemos visto, sin embargo, la distribución inicial es extremadamente injusta con el ciudadano, ya que de partida le concede el mismo número mínimo de escaños (dos) a provincias de casi 2 millones de habitantes (como Sevilla) que a provincias de menos de 100.000 (como Soria), con más o menos el mismo número de habitantes que Ceuta o Melilla, ciudades autónomas a las que, recordémoslo, sólo se les concede un escaño.

Ahora bien, ¿qué sucede cuando con ocasión de las elecciones vamos a depositar nuestra papeleta en la urna? He aquí que entra en juego la anteriormente mencionada Ley d’Hont. Conservemos el ejemplo sevillano y sigamos adelante con las explicaciones.

Haciendo un leve ejercicio de imaginación, demos por válidos los datos de la siguiente tabla, que sin duda servirá para clarificar un poco más las cosas, y cuyos resultados corresponden a unas imaginarias elecciones al Congreso de los Diputados en la circunscripción de Sevilla.

Escrutados los votos, la Ley Electoral establece que todos aquellos grupos que hayan obtenido un porcentaje de votos inferior al 3%, quedan eliminados y, por tanto, no son tenidos en cuenta. Y he aquí que encontramos el primer gran fallo del sistema electoral, puesto que, al margen de los que no votaron y de los que lo hicieron en blanco, el voto de un 6,54% de los ciudadanos sevillanos ni tan siquiera será tenido en cuenta. O lo que es lo mismo, 120.014 personas quedarían fuera del arco político por no haber apostado a caballo ganador. ¿Democracia o ley del más fuerte? Sigamos.

A la vista de los hechos, tan solo cuatro grupos pasarían a la siguiente ronda después de haber superado esta primera, una ronda que como en las competiciones futbolísticas tiene por objetivo eliminar la escoria y la chusmilla que en democracia y libertad ha decidido entregar su voto a aquel que no iba a gobernar. Dejemos pues que los más fuertes se peleen entre ellos y veamos el paso siguiente de toda esta cadena de despropósitos. Utilicemos para ello otra simpática tabla que de nuevo nos ayudará a aclarar nuestras ideas (o no mucho, porque la calidad, por desgracia, es bastante deficiente).

¿Qué ha sucedido aquí? Sencillamente, y con la aplicación de la ya mencionada Ley d’Hont, se ha dividido el número de votos de cada grupo por 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente hasta 12, el mismo número de escaños que le corresponden a la circunscripción de Sevilla. Y es entonces cuando se cogen las 12 cifras más altas y se le concede a cada una un escaño (en verde en la tabla), dirimiéndose así el reparto exacto de los diputados que pasarán a representar a los sevillanos en las Cortes. ¿A todos los sevillanos? O quizás, y más importante, ¿a todos los sevillanos por igual? Es evidente que un gran número de votos ha quedado al margen, pues no han sido tenidos en cuenta a la hora de repartir los escaños. Esta es la primera impresión que tenemos al observar la tabla, y es una impresión que se ajusta perfectamente a la realidad, pero busquemos otras impresiones. Observemos que al PP, con 293.093 votos, le han correspondido 4 escaños (un escaño por cada 73.273 votos), mientras que al PA (Partido Andalucista), con 89.369 le corresponde tan solo uno. ¿Es más importante el ciudadano que le vota a PP que el que le vota al PA? Según la Constitución no, pero eso no pareció importarle en exceso a los que se encargaron de redactar la Ley Electoral.

No obstante, si después de leer todo esto usted sigue sin estar convencido de la poca representatividad de nuestro sistema democrático, permítame ponerle un ejemplo real, para lo cual necesitamos remontarnos en el tiempo y echarle un vistazo a los resultados electorales de las elecciones de marzo de 2004. En aquella ocasión, el PA obtuvo 181.261 votos, lo cual le sirvió para no obtener ningún escaño en el Parlamento. Por su parte, EA (Eusko Alkartasuna), Na-Bai (Nafarroa Bai) y CHA (Chunta Aragonesista), con 80.613, 60.645 y 93.865 votos respectivamente obtuvieron un escaño. Repitamos la pregunta, con distintos protagonistas: ¿es más importante el ciudadano que le vota a EA, Na-Bai o CHA que el que le vota al PA?

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• Ley d'Hont
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